INDH de La Araucanía abordó con diputados de la región las denuncias contra sanitaria Aguas San Isidro y la caída del suministro eléctrico
INDH regional y la Unidad de Protección de Derechos se reunieron con los diputados Miguel Mellado (RN), Andrés Jouannet (Amarillos) y Ericka Ñanco (FA). Les informaron del envío de oficios tanto a las autoridades que fiscalizan temas de acceso al agua como a las encargadas de asegurar la luz.
Con los parlamentarios se analizó el Informe de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara donde aparecen denuncias en lo que se refiere a los derechos de acceso al agua contra Aguas San Isidro, que tiene plantas en Temuco y Padre Las Casas.
La sede de La Araucanía y la Unidad de Protección de Derechos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se reunieron con los diputados Miguel Mellado (RN), Andrés Jouannet (Amarillos) y Ericka Ñanco (FA). Entre los propósitos de estos encuentros estuvo analizar la situación de la empresa sanitaria Aguas San Isidro. Su mal funcionamiento aparece expuesto en un reciente informe de una comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados. También se abordó la interrupción del suministro eléctrico.
Aguas San Isidro acumula graves denuncias en lo que se refiere a los derechos de acceso al agua (cantidad y calidad); saneamiento; salud y medioambiente libre de contaminación. En particular por el funcionamiento de sus plantas en Labranza (Temuco) y San Pedro (Padre Las Casas), según dice el Informe de la Comisión Especial Investigadora (CEI) que la cámara aprobó el 22 de julio (110 votos a favor y 9 abstenciones). La comisión indagó la fiscalización y la supervigilancia de instituciones del Estado con competencia medio ambiental.
Entre las denuncias referidas a Aguas San Isidro se menciona la “entrega de agua contaminada a la comunidad; contaminación de esteros; deficiente funcionamiento de plantas de tratamiento de aguas servidas; malos olores, fuga de aguas contaminadas, mal funcionamiento de las instalaciones, contaminación de las aguas, lluvia de excremento”.
El Informe es lapidario en sostener que “(…) existe una débil supervigilancia, control, fiscalización y sanción de las normas relativas a las prestaciones de los servicios públicos en materia de agua potable y alcantarillado hacia las concesiones de servicios sanitarios, por parte de los distintos organismos de Gobierno”. El documento menciona los roles de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), el Ministerio de Medio Ambiente (MMA), la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y los ministerios de Obras Públicas y Salud y sus seremis de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, La Araucanía y Los Lagos.
La sede de La Araucanía del INDH indicó a los diputados que, tras conocer el Informe y la gravedad de los hallazgos, ofició a siete reparticiones públicas a fin de recopilar información y conocer las acciones de fiscalización, vigilancia y las medidas adoptadas por los órganos con competencias ambientales. Estos oficios se dirigieron a las seremis de Medio Ambiente y de Salud; el SEA; la SISS; las direcciones regionales de Aguas y Obras Hidráulicas y el Centro de Salud Familiar de Labranza.
Además, la sede del INDH informó a los parlamentarios de sus encuentros con las víctimas de los hechos denunciados por el informe de la comisión. De esta manera, se abordó también que el trabajo en terreno del INDH en este tema continuará indagando los hallazgos mencionados en el informe y el monitoreo de la situación.
La sede y la Unidad de Protección de Derechos dijeron a los diputados que el Instituto ya ha planteado su preocupación por el funcionamiento de las plantas de tratamiento de aguas servidas en la región. Al respecto, les indicó el recurso de protección que acogió la Corte de Apelaciones de Temuco debido a graves afectaciones a raíz del abandono de la planta de Perquenco. De la misma manera, la sede se encuentra analizando la situación de la planta de Icalma (Lonquimay), debido a antecedentes del vertimiento de desechos y aguas servidas a un afluente del lago del mismo nombre.
Acceso al servicio básico de electricidad
La interrupción del suministro de electricidad también estuvo entre los puntos abordados con los parlamentarios. Según información del 13 de agosto, 3 mil 648 clientes de diferentes empresas eléctricas sufrían afectaciones a causa de la interrupción del suministro en distintas comunas de la región. En términos concretos, estas personas llevaban tres semanas sin servicio. En especial esto afecta a los sectores rurales de la región.
Ante la situación, la sede informó que ya ofició a la Seremi de Energía y a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) para que informen las medidas adoptadas en el contexto de esta emergencia. También se pidió que señalen las medidas para garantizar la no repetición de estas interrupciones.
Los diputados Mellado, Jouannet y Ñanco coincidieron en que es un servicio de primera necesidad, cuya privación perturba seriamente el ejercicio y goce de derechos fundamentales. Entre ellos se encuentra el acceso al agua en las localidades abastecidas por el sistema de agua potable rural. También afecta el derecho a la salud, vulnerando a personas insulino y electro dependientes, y en general la salud mental de los habitantes. La misma situación aparece en el caso del derecho a la educación en los lugares que debieron suspender clases. Y finalmente, el derecho a la seguridad alimentaria, por la pérdida de alimentos que demandan refrigeración.
