Testigos Protegidos, Autoridades De Gobierno y Judiciales Cuestionan Protección Que Se Da a Estas Personas

Cuestionamientos realizó al sistema de protección de testigos realizó Sergio Martín Martín, tras ser víctima de un atentado incendiario en el sector Tricauco, comuna de Ercilla.

Esta persona testificó contra Aniceto Norin, Pascual Pichún, Mireya Figueroa y Patricia Troncoso Robles, alias “La Chepa” por incendio terrorista al fundo Poluco Pidenco de propiedad de la forestal Mininco, registrado en el 2001. “Tendré que pedirle al Gobierno que me mande una metralleta para defenderme, porque aquí andan armas. Aquí fueron a dispararles al otro testigo; por ejemplo nada pasa, todo queda para callado, la justicia no se que lo que pasa”.

El Gobierno representado por el Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, expresó su molestia por la falta de seguridad, lo que pone en riesgo el sistema. “La situación es muy delicada las personas que se han acogido al sistema de testigos protegidos, para esclarecer un hecho delictual han sido convencidos bajo un esquema en que el estado les debe dar protección. El sistema judicial les debe dar protección; por lo tanto consideró muy delicado y muy grave que se produzca un atentado a la casa de un testigo protegido, suponiendo que ese atentado naturalmente no es casual”.

El Fiscal Nacional Subrogante, Alberto Ayala, anunció que se iniciará una investigación con el objeto de detectar las falencias. “Me parece un hecho grave que tenemos que investigar y ver cual fue la situación que produjo ese hecho de falencia y de falta de protección de ese testigo y procurar que esas situaciones no se vuelvan a producir. Sea por decisiones administrativas que topen la propia fiscalía de Chile o a través de medidas de mayor intensidad con la autorización de los propios jueces de garantía o de los Tribunales Oral en Lo Penal”.

En tanto, el werken de la Alianza Territorial Mapuche, Mijael Carbone, insistió en el pago a los testigos protegidos y responsabilizó al sistema judicial de no mantener las reservas de las identidades de aquellos que viven en sus mismas comunidades. “Yo creo que acá el Gobierno, el Poder Judicial tiene que hacerse responsable de sus testigos protegidos. Yo creo que hoy día los testigos protegidos viven en carne propia lo que les pasó a nuestros hermanos comuneros presos por la ley antiterrorista. Yo no estoy justificando con esto, pero son testigos pagados y el Poder Judicial no fue capaz de mantener sus rostros cubiertos toda la vida”.

Cabe hacer notar, que suman cuatro los atentados a testigos protegidos, lo que a juicio del fiscal, Luis Chamorro, es responsabilidad de los tribunales; ello porque se solicitó mantener la reserva de las identidades, lo que no habría sido acogido en su momento.